La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad
del Congreso aprobó ayer, por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo
Socialista -defendida por la portavoz en la materia, Laura Seara-, instando al
Gobierno a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, para “posibilitar que las
obras de mejora de la accesibilidad de los edificios sean asumidas por las
comunidades de propietarios, con costes mensuales y plazos razonables”. La
iniciativa, acordada por todos los grupos parlamentarios, pretende también
“asegurar, en colaboración con las CCAA, que la situación económica de los
distintos propietarios no sea impedimento para acometer las obras necesarias
que garanticen la accesibilidad de los edificios” Los socialistas se hace eco,
con esta iniciativa, de una demanda recurrente de las organizaciones
representativas de las personas con discapacidad planteada por el CERMI. Laura
Seara ha puesto de manifiesto que “son muchos los ámbitos en los que es
necesario seguir avanzando para lograr la accesibilidad universal” de las personas
con discapacidad y que el caso de la vivienda es “paradigmático, pues a los
problemas generalizados de carestía, falta de financiación y dificultades para
hacer frente al pago de rentas e hipotecas con los que se topan muchos
ciudadanos, se añaden, para las personas con discapacidad, la ausencia de
condiciones de accesibilidad en edificios y vivendas”.
Por eso, la portavoz socialista ha señalado que los
progresos normativos y las reformas legislativas a favor del acceso normalizado
de las personas con discapacidad a una vivienda digna “deben continuar”, a la
vez que “se deben intensificar los esfuerzos por parte de los poderes públicos
para alcanzar el objetivo de que todos los ciudadanos disfruten de una vivienda
que cuente con unas condiciones de accesibilidad adecuadas”.
Accesibilidad de los bienes y servicios
Por otro lado, la diputada Gracia Fernández ha defendido
otra proposición no de ley en esta misma Comisión instando al Gobierno a
“aprobar, en el plazo más breve posible,
la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes
y servicios a disposición del público”, que ha sido rechazada por el PP.
Mientras no se adopte esta norma reglamentaria –que debería
estar en vigor antes del 3 de diciembre de 2015- no estarán garantizados los
derechos de las personas con discapacidad en España, por lo que “no se deberían
agotar los plazos ni demorarlos”, ha reclamado la diputada socialista. “La no
accesibilidad de entornos, productos y servicios constituye una forma sutil
pero eficaz de discriminación”, señaló. A pesar de los avances realizados para
conseguir la accesibilidad universal en todos los ámbitos –especialmente en la
anterior etapa de Gobierno socialista- hay que seguir avanzando para “lograr la
accesibilidad universal a los bienes y servicios a disposición del público”,
entre los que se encuentran los educativos, sanitarios, de consumo, de ocio,
deportivos, etc..
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