La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad (CEMUDIS) quieren denunciar, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, que a pesar de que han pasado diez años desde la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, todavía las mujeres y niñas de este colectivo son objeto de violencia en sus múltiples manifestaciones, las políticas para combatirla son insuficientes y los estudios y estadísticas no recogen la realidad que afecta a las mujeres con discapacidad.
Por este motivo, COCEMFE y CEMUDIS se adhieren al manifiesto del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) con motivo de este día bajo el lema: “Por una sociedad libre de violencia, explotación y abuso de las mujeres y niñas con discapacidad”.
El documento, a pesar de reconocer las medidas de accesibilidad y acción positiva contempladas en la legislación a favor de mujeres y niñas con discapacidad, así como el trabajo del Observatorio Estatal contra la Violencia de Género como pieza clave, apunta los principales problemas en esta materia.
El manifiesto denuncia que hay muchas mujeres y niñas con discapacidad que son objeto de violencia “en forma de fuerza física, coacción legal, coerción económica, intimidación, manipulación psicológica, engaño y desinformación”; y que “un componente fundamental de maltrato y abuso es la falta de consentimiento libre e informado”.
Según el manifiesto del sector de la discapacidad, no se da la importancia suficiente a la violencia psicológica y persiste el incumplimiento de la legislación vigente, provocando deficiencias en la prevención, atención y recuperación de las víctimas y escaso acceso a los servicios comunitarios especializados.
Ante el olvido insistente de la discapacidad en todos los estudios y estadísticas que se desarrollan sobre violencia, las entidades del colectivo urgen al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a desarrollar una macroencuesta sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y niñas con discapacidad, de modo que se puedan valorar las actuales medidas legislativas, administrativas y políticas de protección y recuperación de las víctimas.
Asimismo, el manifiesto pide que se implementen las recomendaciones por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la resolución de marzo de 2013 sobre su Estudio temático sobre esta materia.
Entre las recomendaciones se encuentra el diseño y aplicación de programas para prevenir la violencia sobre las mujeres y niñas del colectivo, conforme a las normas internacionales y en estrecha colaboración con las propias afectadas y las organizaciones que las representan.
Estas políticas deben servir para que la sociedad conozca los tipos de violencia de las que son objeto las mujeres con discapacidad y que a su vez se tengan en cuenta en las leyes sobre violencia de género. También para garantizar que los servicios y programas creados para su protección sean accesibles, como es el caso de los centros de acogida, y facilitar dispositivos de ayuda para evitar el aislamiento y la reclusión en el hogar.
Estas recomendaciones de la ONU dan un protagonismo especial a la formación, destacando la incorporación de la discapacidad en la impartida a profesionales que se ocupan de la violencia contra la mujer, así como la formación adecuada a las autoridades policiales, fiscales y jueces y a las propias mujeres y niñas con discapacidad y las personas de su entorno, para que tengan herramientas para prevenir, detectar y denunciar casos de explotación, violencia y maltrato.
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