Los síntomas del SPP no mejoran con las Inmunoglobulinas

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El Congreso insta al Gobierno a modificar la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad en edificios y viviendas

La Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso aprobó ayer, por unanimidad, una proposición no de ley del Grupo Socialista -defendida por la portavoz en la materia, Laura Seara-, instando al Gobierno a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, para “posibilitar que las obras de mejora de la accesibilidad de los edificios sean asumidas por las comunidades de propietarios, con costes mensuales y plazos razonables”. La iniciativa, acordada por todos los grupos parlamentarios, pretende también “asegurar, en colaboración con las CCAA, que la situación económica de los distintos propietarios no sea impedimento para acometer las obras necesarias que garanticen la accesibilidad de los edificios” Los socialistas se hace eco, con esta iniciativa, de una demanda recurrente de las organizaciones representativas de las personas con discapacidad planteada por el CERMI. Laura Seara ha puesto de manifiesto que “son muchos los ámbitos en los que es necesario seguir avanzando para lograr la accesibilidad universal” de las personas con discapacidad y que el caso de la vivienda es “paradigmático, pues a los problemas generalizados de carestía, falta de financiación y dificultades para hacer frente al pago de rentas e hipotecas con los que se topan muchos ciudadanos, se añaden, para las personas con discapacidad, la ausencia de condiciones de accesibilidad en edificios y vivendas”.

Por eso, la portavoz socialista ha señalado que los progresos normativos y las reformas legislativas a favor del acceso normalizado de las personas con discapacidad a una vivienda digna “deben continuar”, a la vez que “se deben intensificar los esfuerzos por parte de los poderes públicos para alcanzar el objetivo de que todos los ciudadanos disfruten de una vivienda que cuente con unas condiciones de accesibilidad adecuadas”.

Accesibilidad de los bienes y servicios

Por otro lado, la diputada Gracia Fernández ha defendido otra proposición no de ley en esta misma Comisión instando al Gobierno a “aprobar, en el plazo más breve posible,  la norma reglamentaria que regule las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público”, que ha sido rechazada por el PP.

Mientras no se adopte esta norma reglamentaria –que debería estar en vigor antes del 3 de diciembre de 2015- no estarán garantizados los derechos de las personas con discapacidad en España, por lo que “no se deberían agotar los plazos ni demorarlos”, ha reclamado la diputada socialista. “La no accesibilidad de entornos, productos y servicios constituye una forma sutil pero eficaz de discriminación”, señaló. A pesar de los avances realizados para conseguir la accesibilidad universal en todos los ámbitos –especialmente en la anterior etapa de Gobierno socialista- hay que seguir avanzando para “lograr la accesibilidad universal a los bienes y servicios a disposición del público”, entre los que se encuentran los educativos, sanitarios, de consumo, de ocio, deportivos, etc..

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Exención del pago en las autopistas a vehículos de personas con movilidad reducida

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Fomento que en la nueva Ley de Carreteras los vehículos de personas con movilidad reducida queden exentas de pago cuando hagan uso de las autopistas de peaje.

Esta propuesta ha sido formulada por el Cermi al texto del anteproyecto de Ley de Carreteras, cuyo informe fue conocido por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que ha sido sometido a trámite de audiencia urgente antes de su aprobación como proyecto de ley para ser remitido al Parlamento.

El comité indica en una nota que la exención de peaje es una medida social que ya se aplica en países europeos y que compensaría en parte el sobrecoste en que incurren estas personas y sus familias a la hora de afrontar sus desplazamientos, toda vez que dependen en gran medida del transporte particular, ante la falta de accesibilidad del general. “Eximir del pago de peaje por este motivo social no supondría coste directo para las arcas públicas, pues esta singularidad podría preverse en las condiciones de los contratos de concesión de las autopistas, que negocian las empresas concesionarias y el Estado”, agrega el comité.   Además el CERMI ha propuesto que el nuevo texto legal prevea expresamente la accesibilidad universal de las áreas de servicio y de descanso, así como de los aparcamientos seguros de la red de carreteras del Estado. Asimismo plantea que en los estudios para la construcción o modificación de una carretera se incorpore necesariamente la realización de una auditoría previa de accesibilidad universal de la infraestructura. Leído aquí