jueves, 27 de diciembre de 2012

El TSJCV reconoce la jubilación anticipada y contributiva a un trabajador afectado por secuelas de polio

Traigo aqui a este blog, para todos aquellos que lo venis siguiendo, una noticia que me acaba de llegar y que creo que puede ser de interes para el colectivo de afectados de polio y sindrome postpolio...


La sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha reconocido la jubilación anticipada y contributiva a un hombre, que trabajaba de electricista, y estaba afectado de secuelas de polio y presentaba síndrome postpolio, según consta en la resolución facilitada por Cocemfe CV.

De esta forma, el tribunal valenciano ha estimado en parte el recurso de súplica interpuesto contra la sentencia dictada por el juzgado de lo Social número 5, y ha declarado el derecho del trabajador a percibir la pensión de jubilación anticipada sobre una base reguladora de 1.843,16 euros y con efectos del 1 de enero de 2011.
El hombre, vecino de Valencia, sufrió una poliomielitis con afectación del miembro inferior derecho cuando tenía un año. En el año 1994 le fue reconocido un grado de minusvalía del 45 por ciento con un grado de discapacidad del 42 por ciento; en 2007 el grado de minusvalía se fijó en el 54 por ciento, y el de discapacidad en el 53 por ciento; en 2011 se le reconoció una discapacidad del 65 por ciento, y en ese mismo año el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le reconoció una incapacidad permanente total para su profesión por secuelas de polio con amiotrofia en miembro inferior derecho.
La Ley General de la Seguridad Social establece --tal y como indica la sentencia-- que la edad mínima de jubilación de 65 años podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o superior al 45 por ciento, siempre que se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas.
El afectado ha podido acreditar un tiempo de trabajo efectivo de casi 40 años, y en febrero de 2009 la Organización Mundial de la Salud incluyó el síndrome post-polio en la clasificación de enfermedades.
Por estos motivos, el tribunal entiende que el trabajador tiene derecho a la jubilación anticipada. Asimismo, considera que el hecho de que no sea hasta el año 2006 cuando los certificados médicos del demandante comiencen a mencionar el síndrome post-polio, "no puede ser obstáculo para el acceso a la prestación solicitada".
Cocemfe CV ha aplaudido esta sentencia "pionera". En este caso, han sido esta entidad y el CERMI CV, a través de sus servicios de asesoramiento jurídico, quienes han orientado a la persona afectada sobre la base legal para recurrir el primer fallo desfavorable, con la colaboración de la abogada especializada en temas de discapacidad, Mónica Aguado.
Carlos Laguna, presidente de Cocemfe CV, ha manifestado: "se trata de una de las primeras sentencias, si no la primera en la Comunitat, que reconoce acreditada por otros medios la polio o el padecimiento del síndrome, aunque el Certificado de Discapacidad no refleje el mismo o las secuelas de esta enfermedad". "Hay que aplaudir que esta sentencia recoge el espíritu de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y abre, de este modo, una vía jurisprudencial muy esperada por los afectados de polio", ha destacado.

Leido en: te interesa.es

domingo, 2 de diciembre de 2012

Manifestación en Madrid Bajo el lema S.O.S Discapacidad las personas con discapacidad se unen para denunciar el recorte de sus derechos.

 


•Denuncian el "colapso" y la "asfixia" del colectivo ante el retraso en el abono de deudas que lo dejan "desasistido"

Decenas de miles de personas con discapacidad y sus familiares se han manifestado este domingo en Madrid, en una marcha convocada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), con el objetivo de denunciar "el recorte de derechos" que el colectivo ha sufrido con la crisis.

En la víspera del Día Internacional y Europeo de la Discapacidad y bajo el lema 'SOS Discapacidad: Derechos, Ilusión y Bienestar a Salvo', esta marcha ha concentrado "por primera vez de forma unitaria a todo el colectivo, según ha explicado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, que ha calificado la jornada de "histórica".

Pérez Bueno ha señalado que la intención de esta marcha es "hacer ver a los gobiernos y a la ciudadanía que no se puede salir de esta crisis sin las personas con discapacidad y sin tener pleno respeto a sus derechos" que, según ha denunciado, "no se están cumpliendo".
Así ha denunciado que estos años están siendo "un museo de los horrores" para los discapacitados y sus familias "con la reducción drástica de apoyos públicos" que afectan, entre otros ámbitos, al empleo del colectivo. En este sentido, ha indicado que "más de 60.000 empleos de los 2.000 centros especiales de empleo que hay en toda España pueden desaparecer mañana mismo por los recortes".

 Por su parte, el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, ha indicado a Europa Press que "los derechos que se pierdan ahora no se van a volver a conseguir". "Por eso queremos hacer reflexionar a la sociedad española, para que nos ayuden a mantener lo que tantos años nos ha costado", ha indicado.

 Además, ha denunciado que el Gobierno siempre haya tenido al colectivo de los discapacitados "a la cola" y ahora "lo pongan de primero en los recortes". A su juicio, era necesaria esta manifestación "para que la clase política reflexione y sea consciente de priorizar y no poner a los colectivos más desfavorecidos en la diana de los recortes".

  "Le pedimos que sean valientes y justos y que se estabezcan un orden de priroridades que no pase por recortar en aquellos que son los más débiles y los que más lo necesitan", ha insistido.

  En el comunicado que varios representantes de la organización han leído al finalizar la marcha, que ha recorrido la calle Goya hasta la Plaza de Colón, el CERMI ha denunciado que "si en los mejores momentos económicos, las personas con discapacidad y sus familias no logran disfrutar de un bienestar generalizado, en las épocas pésimas, como esta, sufren las consecuencias más devastadoras de la crisis".

 Retraso en el pago de deudas
 Para la organización, "la discapacidad va a acabar siendo una 'zona catastrófica'" mientras las administraciones autonómicas y locales adeudan al sector y a las entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, más de 300 millones de euros por bienes, productos y servicios entregados o prestados y o pagados".

  Al respecto, han denunciado que la "deuda crece en vez de reducirse" debido a los "retrasos acumulados de meses, e incluso años, en el abono de deudas por servicios directos a personas con discapacidad, que son de obligación pública, pero que llevan a cabo las organizaciones sociales".
"Un nivel de deuda disparada que asfixia a las estructuras de la discapacidad y que está llevando al colapso a una enorme cantidad de recursos, dejando absolutamente desasistidas a decenas de miles de personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo", ha apuntado el presidente del CERMI.

Además, el sector ha destacado "el incumplimiento sistemático de muchas leyes aprobadas para beneficiar sus derechos, el aumento de la pobreza y la exclusión, o el abandono de los apoyos a las familias", entre otros. Del mismo modo, han destacado la "situación de especial exclusión de mujeres y niñas con discapacidad o de las personas de este colectivo que viven en el medio rural" y que "tienen todavía más dificultades para acceder a los bienes sociales básicos".

 La marcha ha sido apoyada por más de 60 entidades representativas de la discapacidad de toda España, según ha informado la organización, que ha apuntado que se han desplazado a la capital un total de 300 autobuses de todas partes del país

sábado, 1 de diciembre de 2012

Las personas con discapacidad se echan a la calle

 
 

  • El colectivo marcha hacia Madrid contra los recortes y una deuda de 300 millones de las administraciones
  •  Un 20% de los centros de atención, al borde del cierre, según el CERMI
Las personas con discapacidad sacan su malestar a la calle, ese lugar que suele estar lleno de obstáculos para ellas. La primera convocatoria de una manifestación masiva, fijada para el domingo en Madrid, busca denunciar la “situación insostenible” que atraviesan por los recortes derivados de la crisis económica. Lo afirma Luis Cayo Pérez Bueno, presidente de la entidad que convoca la marcha, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI —agrupa a más de 7.000 entidades—. Asegura que las administraciones autonómicas deben al sector al menos 250 millones de euros, y los ayuntamientos, otros 50 por dos años de impagos. “Si en la época de bonanza ya lo pasábamos mal, con la crisis estamos todavía peor”, puntualiza.

Al menos 300 autobuses trasladarán a Madrid a unas 15.000 personas, según fuentes de la organización. En la marcha, convocada con el lema SOS discapacidad. Derechos, inclusión y bienestar a salvo, está prevista la presencia de ciudadanos con distintas discapacidades, incluida la medallista paralímpica Teresa Perales. Esta iniciativa ha tenido un prólogo en la Comunidad Valenciana: la marcha de nueve días y 200 kilómetros de 15 trabajadores sociales para protestar contra impagos y recortes. Ayer, el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ordenó desalojar de la tribuna de invitados a los representantes de las entidades y centros que lanzaron gritos de protesta, informa Adolf Beltran. “¿Cuándo vamos a cobrar?, ¿por qué cobra usted y yo no?”, se escuchó.

Fuente: OCDE. / EL PAÍS

  
“Los 300 millones de deuda viva derivan de la prestación de servicios, subvenciones y de las ayudas en salarios para los centros especiales de empleo, en los que la Administración paga la mitad del salario mínimo de cada trabajador”, detalla Pérez Bueno. Este miércoles se reunió con los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Sanidad y Servicios Sociales, Ana Mato, para abordar la situación. Se comprometieron a que, en la segunda partida del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) —18.000 millones en la primera y 23.000 el año que viene—, se pueda incluir el pago de subvenciones a la discapacidad, dice el presidente del CERMI.

 Aunque según los ministerios el Gobierno ha destinado ya “339 millones de euros al pago de conciertos de servicios sociales a través del FLA”, Pérez Bueno asegura que la deuda con la discapacidad sigue prácticamente intacta. “Los servicios sociales son mucho más que la atención a la discapacidad”, matiza. Además, las comunidades deben dedicar el fondo de rescate en primer lugar a saldar su deuda financiera, luego a pagar intereses y después, a proveedores. Ahí es donde el Gobierno incluye los 339 millones en facturas por servicios sociales correspondientes a Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, las primeras en beneficiarse del FLA. Los impagos son especialmente relevantes en las comunidades que han pedido el rescate —a las que se han sumado Asturias, Baleares, Canarias y Cantabria—. Pero también en Castilla y León y Madrid. Pérez Bueno solo salva a País Vasco, Cataluña, La Rioja y Aragón.

 “La deuda hace nuestra situación insostenible porque tiene impacto en el empleo, que ya es bajo, y en la desaparición de servicios que son esenciales para tener una vida digna”, asegura el presidente del CERMI. “El 20% de los centros de atención a personas con discapacidad están en peligro de cierre inminente”, concreta. Caería la atención y, también, el trabajo, un bien especialmente escaso en un grupo de población amplio. Aunque se calcula que en España hay 3,8 millones de personas con discapacidad, solo 1.179.900 entre 16 y 64 años disponen de un certificado que lo acredita. De ellos, menos de un tercio están laboralmente activas, según el INE.
Las personas con discapacidad padecen otro ajuste: el de la Ley de Dependencia. “Tiene impacto enorme en la rebaja de atención”, afirma Pérez Bueno. A ello se suma la “practica desaparición” de la obra social de las cajas de ahorro, que aportaba “hasta el 20% de la financiación de la discapacidad”.
Leído en el diario El Pais